Congreso define lista de aspirantes rumbo a Fiscalía

REDACCION | Cd. Victoria | Publicado el 25 de noviembre, 2025

El Pleno del Congreso del Estado aprobó la lista paritaria que enviará al Ejecutivo, como parte del proceso para integrar la terna de aspirantes a la Fiscalía General de Justicia, cuya designación está prevista para el 29 de noviembre de este año.

De acuerdo con el procedimiento legislativo, las diputadas y diputados eligieron, de una lista de 39 perfiles considerados idóneos, a tres mujeres y tres hombres que avanzarán a la siguiente etapa. Las aspirantes seleccionadas fueron Irene Josefina Rivera Vázquez, Marisol Borja Lara y Yesenia Saldaña.

En el caso de los hombres, los elegidos fueron Jesús Eduardo Govea, Jesús Gilberto Alarcón Benavides y César Alejandro Ávalos González. “Nuestro deber es garantizar que cada etapa se desarrolle con estricto apego a la ley, con transparencia y con responsabilidad frente a la ciudadanía. 

La integración de esta lista constituye un paso fundamental hacia una designación legítima, sólida y plenamente apegada al mandato constitucional”, expresó la presidenta de la Mesa Directiva, Eva Reyes González.

Los seis aspirantes fueron aprobados por las dos terceras partes del Pleno y conformarán la lista que enviará el Poder Legislativo al gobernador del Estado.

Con base en esta relación, el mandatario propondrá una terna final, integrada ya sea por dos hombres y una mujer, o por dos mujeres y un hombre, para que posteriormente el Congreso elija mediante voto secreto a quien ocupará la titularidad de la Fiscalía General de Justicia.

Durante la sesión, llamó la atención la ausencia en posiciones competitivas de perfiles como Javier Córdoba o Willy Zúñiga, quienes habían ganado relevancia por sus responsabilidades recientes. Entre legisladores se comentaba que ninguno representaba un contrapeso real frente al perfil de Govea.

La Fiscalía General de Justicia es considerada la última trinchera institucional que aún tenía el exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca para frenar investigaciones relacionadas con presuntos desvíos de recursos públicos.

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